Para 2018, año en que fue electa por primera vez como Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta había ocupado cargos en instituciones como el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. También había sido Magistrada de Salas de Apelaciones por más de dos períodos. Y, específicamente en 2018, se encontraba en medio de su mandato como Magistrada Suplente de la Corte de Constitucionalidad, cargo al que fue designada en 2016 por parte de la Corte Suprema de Justicia. En ese entonces, más allá de esto, no se conocía mucho sobre su perfil, sus vínculos, o sus afiliaciones.
Sin embargo, ahora, luego de su mandato de ocho años al frente del MP, es mucho lo que se puede decir sobre su personaje y su gestión en distintas etapas: los primeros meses de su período inicial cuando la CICIG seguía en el país, los siguientes meses luego de la finalización del mandato de la CICIG, los meses en los que procuró su reelección como Fiscal General, lo años posteriores a su reelección, y estos últimos días en los que su mandato está finalizando.
La primera etapa que se identifica de Consuelo Porras al frente del MP (mayo 2018-marzo 2019) es su etapa de “vigilante”. Su entrada en el puesto, en plena pugna entre Jimmy Morales (quien la eligió), e Iván Velásquez al mando de la CICIG, dio cuenta de una actitud ambivalente de su parte. En general, mantenía una actitud pasiva y equidistante tanto discursiva como de investigación con respecto a los casos. No obstante, en este tiempo fueron revelados procesos de impacto, como el caso de “Subordinación del Legislativo al Ejecutivo”, que implicaba a importantes dirigentes de la empresa TIGO y a diputados.
Así, según los datos de La Balanza, durante esta etapa la impunidad se mantuvo en un promedio de 91% en el porcentaje de impunidad y se registró un promedio de 89% de casos desestimados o archivados. En total, la cantidad de casos desestimados o archivados en este tiempo es de más de 374 mil.
La segunda etapa que se identifica (marzo 2019-julio 2021) es ya un tiempo bastante más definitorio. A partir del debilitamiento de la CICIG, en esos últimos meses de su vigencia en el país, es notorio que Consuelo Porras optó por una estrategia marcada por dos principales características: por un lado, el apoyo a la clase política tradicional y por otro la persecución y distanciamiento discursivo de la anterior administración del MP de Thelma Aldana, candidata presidencial en esos momentos.
El apoyo se vio reflejado en la ausencia de nuevos casos de corrupción. Después de cuatro años con casos de alto nivel cada mes ya no hubo mayor actividad. Incluso, una de las primeras denuncias fuertes en contra de Consuelo Porras, que provino de un ex-fiscal que renunció en ese momento y aún se encuentra exiliado, fue porque bajo sus órdenes se retrasó un caso contra Sandra Torres, lo que aseguró que Torres pudiera ser inscrita como candidata presidencial y contar con antejuicio para cuando el caso salió a la luz. Eso contrasta con una actitud agresiva hacia la ex-fiscal Thelma Aldana, contra quien presentó un caso en marzo de 2019 por la supuesta compra irregular de un edificio ubicado en zona 5.
Según los datos de La Balanza, durante esta etapa la impunidad subió 3% respecto al primer año de su mandato, por lo que se registró un promedio de 94% en el porcentaje de impunidad y un promedio de 92% de casos desestimados o archivados. En total, la cantidad de casos desestimados o archivados en este tiempo es de más de 664 mil.
La tercera etapa que se identifica (julio 2021-julio 2023) es en torno a su reelección como Fiscal General (que se definió en mayo de 2022). En la medida en que la administración de Giammattei (2020-2024) se fue consolidando, especialmente después de la elección de una nueva Corte de Constitucionalidad en abril de 2021, la administración de Porras fue trabajando más estrechamente con la Presidencia de la República. Específicamente en julio de 2021, Consuelo Porras expulsó a Juan Francisco Sandoval de la FECI y se intensificó la persecución penal sistemática contra operadores de justicia, periodistas y sociedad civil. Paralelamente, los grandes casos de corrupción de CICIG se fueron resolviendo a favor de los acusados.
Así se aseguró la reelección de Consuelo Porras por parte de Giammattei. Y ya para 2023 (año electoral) se veía el rol radicalizado del MP en actuaciones como la intimidación de candidatos y las intenciones de controlar el proceso electoral.
Según los datos de La Balanza, durante esta etapa la impunidad tuvo, también, un ligero aumento en el que se registró un promedio de 94.5% en el porcentaje de impunidad y un promedio de 93% de casos desestimados o archivados. En total, la cantidad de casos desestimados o archivados en este tiempo es de más de 897 mil.
La cuarta etapa que se identifica (julio 2023-enero 2026) está marcada por el resultado electoral. A partir de ahí se agudizó la persecución penal y se dirigió muy particularmente al partido político Movimiento Semilla. Esto de cara a la segunda vuelta electoral en la que el ahora Presidente Bernardo Arévalo, efectivamente, terminó ganador. Ahí hubo un primer intento de evitar su participación en segunda vuelta con un caso de supuestas firmas irregulares para la conformación del partido (algo que, cabe destacar, en la historia no ha sido investigado por el MP en el caso de cualquier otro partido).
Luego, también hubo otros intentos que parecían encaminados a impedir la toma de posesión. Y, en general, la tensión se mantuvo hasta lograr la suspensión del partido, la cual aún se mantiene, por orden de un juez penal. También, las resoluciones de ese mismo juez, intentaron en octubre de 2025 declarar la nulidad del resultado electoral de 2023. Esto se detuvo por orden de la Corte de Constitucionalidad, que le ordenó al juez abstenerse “de contravenir disposiciones constitucionales, o legales, en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano, representativo del Estado”.
El último golpe directo del MP al gobierno se intentó en enero de 2026 con el caso relacionado a la compra de insumos de salud a través de UNOPS, una Oficina de Naciones Unidas, que apoya a gobiernos en contrataciones públicas mediante la provisión de soluciones de infraestructura y gestión, asegurando eficiencia, transparencia y sostenibilidad en las adquisiciones.
Según datos de La Balanza, hasta mayo de 2025 la impunidad siguió registrando aumentos y alcanzó un promedio de 96% en el porcentaje de impunidad y un promedio de 117.6% de casos desestimados o archivados. Este último porcentaje se debe a que en 2024 se registraron más archivos y desestimaciones que denuncias recibidas por el MP. En total, la cantidad de casos desestimados o archivados en este tiempo es de más de un millón 123 mil.
Los datos no han podido ser actualizados a 2026 debido a que el MP se ha negado a dar esta información pública. Hasta ahora las actualizaciones se han hecho a partir del Informe Anual que se publica en mayo de cada año, por lo que pronto van a poder conocerse las cifras al día.
Finalmente, la quinta y última etapa identificada (enero 2026-actualidad) da cuenta de un debilitamiento progresivo en cuanto a los alcances y el margen de poder e influencia del MP de Consuelo Porras. En este año no se han iniciado nuevos casos o nuevos procesos bajo la lógica de la persecución penal sistemática que se venía sosteniendo en los años anteriores. Incluso, ha habido operativos que han tenido efectos adversos, como los allanamientos a los centros de votación del CANG en la segunda vuelta para la elección de Magistrado Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad. A pesar de las acciones del MP, la elección registró niveles de participación importantes, y resultó ganadora la candidata Astrid Lemus con más del 53% de los votos.
El acelerado debilitamiento encuentra una posible explicación en el hecho de que el mandato de Consuelo Porras frente al MP está por finalizar el próximo 14 de mayo. Esto, seguramente, ha llevado a Porras a postularse a otros cargos (que, por cierto, tienen inmunidad).
Para estar en la nómina de seis aspirantes que la Comisión de Postulación debe enviar al Presidente de la República para que de ahí se elija al próximo Fiscal General, Consuelo Porras necesitaría al menos que 10 de los 15 Comisionados que integran la Comisión de Postulación voten a su favor. O que existan intervenciones o presiones externas, como las que vinieron de la CC en el proceso de postulación de 2022 en donde ella fue reelecta. Sin embargo, el 14 de abril de este año se registra, también, la toma de posesión de una nueva Corte de Constitucionalidad. ¿Estarían dispuestos los nuevos Magistrados a sostener un precedente como el de 2022, que dejó fuera las consideraciones de idoneidad, capacidad y honradez para decidir quién va a dirigir la persecución penal en el país durante los próximos cuatro años?
