Para hablar del proceso de designación de Fiscal General que se está llevando a cabo en este 2026, es preciso recordar cómo se han desarrollado las designaciones previas. En el año 2014, la designación de Thelma Aldana adelantaba una historia distinta a la que terminamos viviendo con los grandes casos de corrupción revelados desde los primeros meses del año 2015. En ese proceso, las acciones legales, los perfiles y calificaciones de los aspirantes, así como las votaciones y designación final cuentan una historia que revela debilidades y lecciones aprendidas del sistema de designación para la elección de Fiscal General y de la gestión al frente del MP. 

En los primeros meses de 2014 una serie de acciones legales señalaban que programar la designación de Fiscal General para mayo de 2014 contrariaba la norma constitucional que establece que el período de cada Fiscal General debe ser de 4 años, sin establecer fechas exactas de finalización o toma de posesión. En ese entonces, la Fiscal General saliente (Claudia Paz y Paz) defendía que su toma de posesión había sido en diciembre del año 2010 y, por lo tanto, su período constitucional debía finalizar en esa misma fecha del año 2014. Esa postura fue respaldada por actores relevantes como organismos internacionales y sectores de la sociedad civil. No obstante, la Corte de Constitucionalidad resolvió que el Congreso sí debía convocar a la Comisión de Postulación para que la designación y toma de posesión de un nuevo Fiscal General se llevaran a cabo para el mes de mayo.

La Comisión de Postulación se conformó el 12 de febrero de 2014, y, un mes y medio después, a finales de abril del mismo año, se le envió al entonces Presidente de la República (Otto Pérez Molina) una nómina de 6 candidatos para que él eligiera de ahí al próximo Fiscal General. 

En 2014, la Comisión de Postulación calificó a 26 aspirantes que presentaron sus expedientes para ser evaluados y considerados en la elaboración de la nómina de 6. La mayor calificación obtenida en este proceso fue de 71 puntos y la menor de 8 puntos. Más del 80% de los aspirantes recibieron una calificación inferior a los 50 puntos, siendo el promedio de nota obtenida 36 puntos. Esto se debe a una distribución de la tabla de gradación que priorizó marcadamente dos aspectos:

  • El ejercicio en el ámbito profesional (sin asignarle valor a la entrevista y pruebas realizadas dentro del proceso) 
  • Los estudios de posgrado en el ámbito académico (sin mayor ponderación a otros aspectos como la docencia y la investigación) 

Esta situación resalta una problemática sostenida en este sistema de designación, en el que la forma resulta teniendo prevalencia sobre el fondo en la evaluación de los perfiles, puesto que pareciera que la Comisión de Postulación se reduce a hacer solamente una constatación formal y automática de requisitos, sin entrar a valorar sus especificidades y calidades. Por ejemplo, vale lo mismo un doctorado de Harvard (una de las universidades más reconocidas del mundo, fundada en 1636) que un doctorado de cualquier universidad con menos de 10 años de existencia. Asimismo, los años de ejercicio profesional cuentan sólo como una cifra, sin entrar a considerar qué ha hecho o qué ha logrado concretamente cada perfil en esos años de trabajo.

Dentro de los aspirantes en este proceso, se presentó la Fiscal General saliente (Claudia Paz y Paz), quien obtuvo la segunda mejor nota (69 puntos) en la calificación de su expediente, y, sin embargo, no fue incluida en la nómina porque sólo recibió el voto favorable de 4 de los 14 Comisionados que en ese entonces conformaban la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General. 

La nómina final estuvo integrada por: 

  • Thelma Esperanza Aldana Hernández, que tenía una carrera en el sistema de justicia, incluyendo ser en ese entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y haberla presidido de 2011 a 2012. En este proceso obtuvo una nota de 71 puntos en la calificación de su expediente.
  • María Consuelo Porras Argueta, que para ese entonces acumulaba dos períodos como Magistrada de Sala en el Organismo Judicial. En este proceso obtuvo una nota de 62 puntos en la calificación de su expediente.
  • Edgar Enrique Lemus Orellana, que se ha desempeñado en la docencia y la práctica penalista, y en ese momento, en su entrevista ante la Comisión de Postulación denunció prácticas de corrupción que históricamente se observaban dentro del mismo MP. En este proceso obtuvo una nota de 50 puntos en la calificación de su expediente.
  • Ronny Elías López Jérez, que había desempeñado diversos puestos dentro del MP y para el año 2018 fue señalado por la CICIG en el caso “Manipulación de Justicia”. En este proceso obtuvo una nota de 47 puntos en la calificación de su expediente.
  • Eunice del Milagro Mendizábal Villagrán, que en ese entonces era Viceministra de Gobernación. En este proceso obtuvo una nota de 38 puntos en la calificación de su expediente.
  • Julio César Rivera Clavería, que también había sido Viceministro de Gobernación durante el gobierno del PP, tenía señalamientos de la CICIG en su contra y ha participado persistentemente como aspirante en procesos de designación de Fiscal General desde el año 2010. En este proceso obtuvo una nota de 46 puntos en la calificación de su expediente.

Los consensos dentro de la Comisión de Postulación para la conformación de esta nómina fueron relevantes. Thelma Aldana, Consuelo Porras, Edgar Lemus y Ronny López Jérez obtuvieron el voto favorable en primera vuelta de todos los Comisionados que se encontraban presentes en la sesión. Eunice Mendizábal obtuvo dos votos en contra, pero también quedó en la nómina desde la primera vuelta. Por su parte, Rivera Clavería pasó a integrar la nómina hasta la segunda vuelta con dos votos en su contra.  

Votaciones para la conformación de la nómina en la Comisión de Postulación de Fiscal General del año 2014

Otro perfil que sobresale en este listado del año 2014 es el del actual Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, quien también se ha postulado en el actual proceso de 2026. En el año 2014 el actual Ministro obtuvo un total de 8 votos a favor de su inclusión en la nómina final, los cuales no eran suficientes para su inclusión dentro de la misma. 

Con la nómina de 6 conformada, el entonces presidente Otto Pérez Molina, eligió en mayo de 2014 a Thelma Aldana como Fiscal General. Aldana había recibido 4 tachas en su contra en el proceso, pero ninguna fue aceptada, y, además había obtenido la mejor nota. Hasta ese entonces diversas fuentes ya la señalaban como la opción favorita del presidente, por lo que su designación en ese momento no causó mayor sorpresa. No obstante, para agosto de 2015, la renuncia a la presidencia de Otto Pérez Molina, tras acusaciones de corrupción que provenían del MP de Thelma Aldana con el apoyo de la CICIG, era una noticia mundial. 

La administración de Thelma Aldana registró avances como una reducción del porcentaje de impunidad (pasando de un promedio de 93% a un promedio de 92%, que representa un estimado de 20 mil casos más en impunidad). Asegurar su permanencia en el cargo hasta que finalizara su período se convirtió en un motivo de preocupación para diversos sectores, considerando que en su gestión fue procesado el Presidente de la República que la designó. Esto provocó que en el año 2016 se propusiera y se aprobara una reforma legal al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que buscaba blindar la permanencia en el cargo de cualquier Fiscal General. Hoy en día se cuestiona la constitucionalidad de esa reforma, puesto que hace que sea más difícil remover a la Fiscal General que a cualquier otro funcionario de Estado (incluyendo al mismo Presidente de la República). Esa ha sido la disposición legal que hasta ahora ha mantenido a Consuelo Porras al mando del MP, a pesar de los graves señalamientos en su contra y de los abusos de poder en su gestión. 

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